El bloqueo económico y los estragos del COVID-19 son el polvorín que encendió una jornada de protestas históricas en Cuba con miles de personas en las calles.
La situación económica actual de Cuba, derivada del embargo que mantienen los Estados Unidos sobre la soberanía en la isla desde el triunfo de la Revolución (1959) es un bloqueo que ha definido su historia contemporánea y que se agravó tras la caída de la Unión Soviética, su principal socio comercial, en 1991.
A pesar de que la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado en contra del embargo económico en 30 ocasiones distintas desde 1992 con una mayoría abrumadora (la última a finales de junio de 2021) y que durante el gobierno de Barack Obama comenzó un proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países, el bloqueo continúa causando estragos económicos en la isla, dado el carácter preponderante de la economía estadounidense, su influencia mundial y el aislamiento del país latinoamericano.
A las consecuencias históricas del embargo se suman los estragos causados por la pandemia, que cortó de tajo el turismo (la principal actividad económica de la isla) y cuya curva ascendente de contagios pasa por su peor momento desde el primer caso registrado en Cuba.
Este contexto alimentó un polvorín que se encendió en definitiva el domingo 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de la precaria situación económica que vive la isla derivada de la pandemia.
Calificadas como las más masivas desde 1994, las protestas en Cuba iniciaron en San Antonio de los Baños, un poblado de 50 mil personas ubicado a 33 kilómetros de La Habana. Los cortes de electricidad constantes, aunados al frágil sistema de salud y los insumos básicos insuficientes para combatir al virus motivaron en al menos veinte localidades del país.
A pesar de que Cuba ha logrado desarrollar dos prototipos de vacunas contra COVID-19, ninguna de las inmunizaciones ha recibido el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de la isla asegura que Abdala, la vacuna más avanzada, posee una eficacia de 92 % para proteger de COVID-19 sintomático y grave; no obstante, apenas el 15 % de la población ha recibido su esquema completo.
Las protestas en Cuba fueron condenadas por el presidente Miguel Díaz-Canel, que respondió a las manifestaciones llamando al pueblo a “defender la revolución” en un mensaje emitido en televisión nacional que aumentó el clima hostil en la isla. Al clamor por la situación económica se unieron voces que exigían libertad y poner fin a la dictadura, criticando un proyecto político que resultó incapaz de renovarse desde su interior tras la eternización en el poder de Fidel Castro.
Desde el gobierno, Díaz-Canel responsabilizó a los Estados Unidos como la causa principal de las protestas, después de calificar al embargo como una “política de asfixia económica” con el objetivo de provocar estallidos sociales en la isla, una reflexión compartida dos semanas antes en la ONU por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla que se refirió al bloqueo como una “política anacrónica e ineficaz que no ha logrado ni logrará su objetivo”, comparándolo con el COVID-19: “como el virus, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar”.
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